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Plan de desarrollo:  Pacto entre los gobernantes y los gobernados orientado a la identificación de una serie de objetivos, estrategias, metas, procedimientos, recursos disponibles y los recursos que efectivamente se van a invertir durante un período (período de gobierno) en una comunidad y el destino que habrá de dárseles, de modo que responda a los propósitos de progreso y bienestar identificados en un momento dado por esa colectividad. Este consenso se plasma en una ley de la república y su preparación, discusión, aprobación y ejecución sigue los procedimientos y criterios previstos en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de Planeación.    

Presupuesto General de la Nación:   Plan de gastos al que debe sujetarse el gobierno, y  previsión de los ingresos para su financiación, dentro de una determinada vigencia (año) fiscal. Este plan financiero, igualmente, debe estar contenido en una ley y se rige por lo dispuesto en la Constitución y la respectiva ley orgánica.

Principios constitucionales: Directrices o pautas generales de comportamiento consagradas en la Constitución, que guían la conducta del Estado y los ciudadanos en los asuntos que son de interés para ambos.

Procesos de control político y fiscal:  Mecanismos mediante los cuales se busca examinar la actuación de los servidores públicos con miras a establecer su transparencia, su ajuste al interés general y la correcta destinación de los recursos públicos gestionados por ellos.